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Noticias de la lengua española

LA SOCIEDAD CIVIL CONTRA LOS POLÍTICOS

Ramón Ibero

"El Gobierno de la nación no sólo no coordina y armoniza los derechos de la mayoría y de las minorías como establece la Constitución sino que incluso antepone los derechos de minorías que no llegan al diez por ciento".

La existencia de una sociedad civil debida- mente cohesionada y activa es condición necesaria y, en ocasiones, incluso suficiente para que una democracia funcione, como mínimo, en términos aceptables. La democracia, en cuanto estructura organizativa, es fruto de la sociedad civil, no a la inversa. Las dictaduras, también. Engaños y autoengaños aparte, Franco es fruto de la España de los españoles, Hitler es fruto de la Alemania de los alemanes, Mussolini es fruto de la Italia de los italianos. No a la inversa.

Con democracia o sin democracia, los políticos tienden a formar una casta protegida y separada de la sociedad de la que viven y para que no viven. Y, cuando están en peligro sus intereses, se unen contra el enemigo exterior, la sociedad civil. Aunque con otras palabras y referido a otras situaciones sociohistóricas, eso ya nos lo enseñó Hobbes, el de "homo homini lupus" y "bellum omnium contra Omnia" (El hombres es un lobo para el hombre y la guerra de todos contra todo). Como en la selva, como en el selvático mundo de los humanos.

Ahora, parece que los políticos de nuestra Meseta central han decidido aliarse con los políticos de todas las periferias para despojar de sus derechos constitucionales en materia lingüística a la sociedad civil española. El Gobierno de la nación no sólo no coordina y armoniza los derechos de la mayoría y de las minorías como establece la Constitución sino que incluso antepone los derechos de minorías que no llegan al diez por ciento de la población total a los derechos de la mayoría, que forma el cuerpo de la sociedad civil española.

Y, como otras veces a lo largo de la historia, esa sociedad civil, traicionada por sus dirigentes políticos, tiene que organizarse y lanzarse a la calle para defender sus derechos, los derechos constitucionales del pueblo español, sujeto actual y depositario histórico de la soberanía nacional. Pregunta ingenua e intempestiva: ¿tendrá que llevar la sociedad civil española al Gobierno de la nación en pleno ante los tribunales por incumplimiento doloso manifiesto y continuado de sus obligaciones como garante de la Constitución y de los derechos democráticos del pueblo español?

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LA IZQUIERDA ESPAÑOLA Y EL PODER JUDICIAL

Rafael Sorní Mañés

No quisiera ser mal interpretado porque, efectivamente, la actitud ante la Ley y el Poder encargado de aplicarla no es monolítica entre los grupos o partidos que se reclaman de izquierda. Al menos, cabría distinguir tres izquierdas distintas en esta cuestión: a) la izquierda revolucionaria que, evidentemente, rechaza que la Ley sea algo distinto a la voluntad emanada en cada caso de la oligarquía que dirige el Partido; b) la izquierda que acepta, no sólo la democracia como sistema político, sino que considera como factor esencial de la misma la división de poderes: es la izquierda que actúa políticamente en la gran mayoría de los países europeos y, c) la izquierda que, actualmente, ejerce el poder político en España, a través del PSOE. A esta última izquierda voy a referirme en el resto de mi artículo.

¿Es el PSOE un partido democrático? Sin duda y, a mi parecer, más democrático que el PP (estoy hablando de su funcionamiento interno). ¿Y hacia el exterior? Tengo las más serias dudas al respecto. Y ello por una razón evidente: su praxis política demuestra que rechaza la existencia de un Poder Judicial independiente. La frase de uno de sus máximos dirigentes: "Montequieu ha muerto", demuestra que la clásica división de poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, consustancial a toda democracia, no goza de excesivo predicamento en un sector importante del PSOE ¿Cómo podría entenderse de otro modo la frase de la vicepresidenta 1ª de Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega: "La mayor parte de los jueces y de los curas son tenebrosos". Tenebrosos: "oscuro, cubierto de tinieblas, sombrío, tétrico, negro, hecho ocultamente y con intención perversa." (DRAE) Sólo le faltó incluir en el lote a los militares. ¿Alguien se imagina que un líder socialista europeo expresándose en términos semejantes? Ciertamente no dijo todos porque sería incluirse a sí misma en la descalificación, ya que, como todos sabemos, la señora es juez pero, eso sí, de la "Asociación de Jueces para la Democracia". Resulta difícil contener la indignación ante semejante autobombo, por parte de un sector absolutamente minoritario de la Carrera Judicial, ya que, necesariamente, ello supone que la gran mayoría de jueces integrados en otras asociaciones o no afiliados a ninguna, habría que considerarlos miembros de una teórica asociación llamada "Jueces para la Dictadura". ¿Hasta cuándo la izquierda a que nos estamos refiriendo va a seguir atribuyéndose el derecho que nadie le ha dado, de dar o denegar credenciales de demócrata a aquellos que no comparten su ideología?

A mi entender, nos enfrentamos al más grave problema que afecta a nuestra Nación, por encima de cualquier otro.

A mediados del siglo XVIII, Federico de Prusia quiso extorsionar a un campesino amenazándole con quitarle sus tierras, recibiendo esta respuesta: "Aún hay jueces en Berlín". A los españoles del siglo XXI ¿se no va a negar la posibilidad de contestar lo mismo, sean cuales fueren los resultados electorales? No podemos aceptarlo, porque están en juego las libertades ciudadanas y la paz civil.

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LA CONSULTA INDEPENDENTISTA DE ARENYS

M. Fernández

La consulta independentista de Arenys de Munt se celebró, como se había anunciado, el domingo 13 de septiembre pasado. La consulta, al ser ilegal, no pudo llevarse a cabo oficialmente por el Ayuntamiento de Arenys, pero eso no impidió que se celebrara en un ambiente festivo y de euforia y que tuviera una gran repercusión mediática. Para los nacionalistas fue un éxito rotundo porque participaron 2.670 personas (el 41% de un censo en el que se incluían a los mayores de 16 años), de las cuales votaron sí a la independencia de Cataluña más del 90%. Si se analizan los datos, se aprecia que el número de participantes en esta consulta se corresponde aproximadamente con el número de los que votaron en las últimas elecciones autonómicas y municipales a CiU, ERC e IC, partidos a favor del sí en esta encuesta. Estas cifras se dan con frecuencia en municipios catalanes pequeños pero no son extrapolables a las que se obtendrían en un referéndum independentista de toda Cataluña, donde, según las encuestas realizadas hasta el momento, el porcentaje de personas que están a favor de la independencia es inferior al 30%. De todos modos, lo peor de este tipo de encuestas es la imagen que dan de Cataluña como una comunidad que no respeta las leyes y desafía al Estado de derecho. En este sentido, como señala Francesc de Carreras, es cada vez más manifiesto el hecho de que algunos políticos y periodistas catalanes utilizan una doble vara de medir para valorar las leyes estatales y las catalanas, considerando aquéllas como impuestas y éstas como legítimas.

Aunque las consultas independentistas como la de Arenys de Munt no tienen valor legal, si se extendieran por toda Cataluña como pretenden los nacionalistas catalanes, crearían un problema político grave en Cataluña y en el resto de España. Ante una situación así conviene recordar lo que ocurrió en la provincia canadiense de Quebec, que ha sido pionera en la celebración de consultas independentistas y ha servido de modelo para los nacionalistas catalanes, ya desde la época de Pujol. En el referéndum de 1995, la opción independentista fue rechazada y en 1998 el Tribunal Supremo de Canadá dictaminó que no existía el derecho de secesión unilateral.

Cuando van a cumplirse 31 años desde la promulgación de la Constitución española de 1978, que sentó las bases para la creación del actual Estado de las autonomías con el objetivo primordial de cohesionar a España, resulta obligado reflexionar sobre la situación a la que nos ha llevado, en la que algunas autonomías, como Cataluña, reclaman abiertamente la independencia. Esta situación, a mi juicio, obedece a la debilidad del Gobierno español que ha ido cediendo de un modo suicida a las crecientes reclamaciones de las comunidades autónomas. Ahora estamos ya al final del camino y la última reclamación pendiente de las comunidades autónomas con partidos nacionalistas fuertes es la independencia.