Desde hace varios meses los políticos nacionalistas catalanes están inquietos ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional declare inconstitucionales algunos artículos del Estatuto de Cataluña que, como es sabido, tiene siete recursos de inconstitucionalidad pendientes. La alarma surgió por la sentencia del Tribunal Constitucional 13/2007, del 18 de enero pasado, sobre la “deuda histórica” de Andalucía, que establece que la financiación de las comunidades autónomas debe ser aprobada en el Consejo de Política Fiscal entre el Gobierno y las autonomías, en contra de lo que establece el Estatuto, que considera la financiación catalana como el resultado de un pacto bilateral entre Cataluña y el Estado. Si el Tribunal Constitucional no cambia de criterio, el capítulo del Estatuto que regula la financiación de Cataluña debería ser declarado inconstitucional. Asimismo, el informe del abogado del Estado sobre el Estatuto de Cataluña mantiene que la financiación de esta Comunidad será regulada por una ley que apruebe el Parlamento. En una situación parecida a la del capítulo de la financiación pueden estar otros capítulos del Estatuto que entran en conflicto con la Constitución o con proyectos de reforma de leyes orgánicas en trámite.

Ante este panorama, la primera reacción de los nacionalistas catalanes ha sido la de no aceptar un fallo contrario a la constitucionalidad del Estatuto por parte del Tribunal Constitucional y, si dicho fallo llegara a producirse, amenazar con la independencia de Cataluña. Después, la ola de pesimismo ha ido extendiéndose y ha llegado a afectar al expresidente Maragall, que en unas recientes declaraciones dijo: “Visto desde la perspectiva de hoy, tanto esfuerzo para reformar el Estatuto no ha valido la pena. Cometimos el error de proyectar la reforma del Estatut en vez de la reforma de la Constitución”. Esto ha dicho el auténtico impulsor de la reforma del Estatuto catalán, para conseguir una reforma de la Constitución de hecho e implantar un federalismo asimétrico en España, que quedaría convertida en una nación de naciones. El Sr. Maragall dijo entonces que si no conseguía su objetivo “el conflicto estaba servido”. Ahora vemos que fue muy ambicioso y que si se confirman los pronósticos pesimistas y el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales algunos artículos del Estatuto, lo peor que podían hacer los nacionalistas catalanes sería atribuirlo a una campaña anticatalana del PP o de toda España. Lo prudente sería que reconocieran que el Estatuto de Cataluña fue la obra de unos políticos que compitieron en una carrera para conseguir la cesión del máximo posible de competencias del Estado sin preocuparse de si esa cesión era constitucional o no lo era. El resultado fue un Estatuto polémico que ha traído como consecuencia el desprestigio de esos políticos. En su descargo hay que decir que el presidente Zapatero les dio pie cuando afirmó que aceptaría todo lo acordado en Cataluña.